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Nuestra misión

 

Somos un Centro Jurídico, Académico y Científico, cuyo objetivo es entregar soporte doctrinario y evidencia a: médicos, psicólogos, sociólogos, abogados, teólogos, organizaciones Provida, escuelas de padres de familia, instituciones de educación básica y universidades, entre otras entidades que desean la movilización de la sociedad colombiana en defensa de la vida.

 

Deseamos ser el primer centro colombiano de información sobre el aborto y colocar al servicio del público un observatorio virtual que provea datos de base sobre el tema del aborto a las distintas instituciones sociales inscritas en nuestro portal web, las cuales a nivel nacional trabajan en favor de la vida en diferentes frentes, como son: prevención, educación, apoyo familiar, protección del niño por nacer y la madre gestante, responsabilidad paterna y materna, adopción, apoyo jurídico y litigio al servicio de los profesionales de la salud, instituciones médicas, instituciones educativas y organizaciones religiosas dedicadas a la salud y la educación que deseen defender la objeción de conciencia.

Testimonios de la historia

Manifiesto

 

Invocamos la Protección de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la intercesión de San Luis Bertrán Eixarch, Santo Patrono de Colombia, para manifestar que la sociedad colombiana no está dispuesta a permitir:

 

1) Qué no se proteja al niño por nacer

 

Debemos indicar que la ley Colombiana claramente en el artículo 74 del Código Civil, define a la persona, como: “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. En este sentido el Estado tiene el deber de velar por la protección que debe ofrecerse al ser humano que está por nacer.

 

2) Qué la medicina y la psicología tengan la potestad de condenar a muerte

 

La Corte Constitucional de Colombia desea generalizar por vía jurídica y de manera práctica a través del Ministerio de Salud, que el derecho a nacer sea establecido por un médico o psicólogo, quienes tendrían la potestad de decretar la pena de muerte en un plazo perentorio de cinco (5) días, sin tener en cuenta que la Ley Civil Colombiana y también la Constitución Política, en su Artículo 11, establece: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”

 

3) Qué el Estado elimine la patria potestad, el debido proceso y el deber de los padres de proteger la vida de sus hijos.

 

Para cualquier atención médica, intervención quirúrgica o tratamiento odontológico a los menores de edad, es obligatorio que el profesional solicite el consentimiento de los padres o tutores, quienes no solo detentan la patria potestad de sus hijos, sino que tienen el deber de guardar su bienestar. El Ministerio de Salud en una violación grave a la igualdad de derechos ante la ley, decreta que para practicar el aborto, los padres no tienen derecho ni siquiera a conocer el hecho, ser oídos o intervenir. El Estado de esa manera se constituye, no en el ente que cuida de las libertades, sino él que impone al profesional de la medicina la práctica al escondido de la interrupción del embarazo, violando la naturaleza esencial del vínculo laboral del profesional con la EPS, que es cuidar de la salud de los colombianos..

 

4) Qué el Estado Colombiano sea asumido por la moral de partido

 

Al optar por intervenir ideológicamente en el fuero interno de las familias, la Corte Constitucional vino a sentenciar que obligar a las mujeres a llevar a término una gestación significa asignarle roles de género estigmatizantes, infringirles sufrimientos morales deliberados o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo anterior manifestamos que la situación de embarazo no es un defecto de la naturaleza y que la Corte Constitucional está partiendo de una ideología absolutamente falsa, donde ella se coloca en la misma situación por la cual ha sido condenado el nazismo, el comunismo y el maoísmo cultural chino.

 

5) Qué las instituciones sociales no puedan manifestar objeción de conciencia.

 

Al abolir el Estado Colombiano el derecho fundamental de las instituciones sociales a la objeción de conciencia, con el fin de legalizar de pleno derecho el aborto, se va injustamente en contra de las entidades de salud, en cuanto son personas jurídicas con capacidad de expresarse. Se estaría decretando una cruel persecución de la moral de partido en contra de todas las confesiones religiosas y de las instituciones de educación y de la salud regentadas por la Iglesia Católica, las cuales quedarían impedidas de prestar su servicio a la sociedad.

 

6) Qué las instituciones de educación básica sean convertidas en motores de impulsión de ideologías que van en contra de la vida y la familia, obligándolas a ilustrar a las escolares sobre individualidad y privacidad del aborto.

 

Para administrar un simple analgésico con el fin de controlar el dolor de un escolar en la enfermería de los colegios, donde generalmente hay un médico de planta o por lo menos una enfermera profesional, no pueden hacerse sin el consentimiento previo de los padres o tutores. En el caso de la legislación del aborto, el Estado además de actuar de cómplice en favor de unos supuestos fundamentales derechos sexuales y reproductivos que a todas luces no existen, pues hasta ahora nadie ha podido definir a partir de qué edad comienzan esos derechos en las mujeres y en que ámbito pueden ejercerlos; lográ la Corte por consecuencia transformar las escuelas en encubridoras, obligándolas a enseñar falsedades a las niñas y cómo practicar el aborto a escondidas de sus padres, estimulando de esta manera que los hijos se conviertan en asesinos de los nietos. De lo contrario cualquier juez podría sancionar o cerrar la escuela por crear barreras de acceso.

 

7) Qué la Corte Constitucional obligue a las Universidades, a que no puedan realizar la valoración moral de los actos humanos.

 

Teniendo en vista que todo acto educativo es susceptible de valoración moral, las universidades del país están obligadas éticamente a enseñar que es contra toda evidencia científica afirmar que el niño por nacer no es persona y una gran falsedad aseverar que es una cosa o simple masa biológica. Por tanto, al verse obligadas a tomar como base de enseñanza lo establecido por la alta Corporación cuando afirma: “la protección del nasciturus no tiene el mismo grado e intensidad que la protección que se debe dar a la persona”; la Corte Constitucional le estaría violando gravemente a las instituciones de educación superior la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

 

Si está en contra del aborto apoye este Manifiesto,

ingresando aquí:

adhesion@sanluisbertran.org

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